El segundo informe de gobierno será presentado bajo la sombra de cuatro "accidentes" ambientales ocurridos en menos de un mes, que contaminaron diferentes ríos del país y causaron pérdidas millonarias por las afectaciones a actividades económicas como la agricultura y la ganadería. Dos derrames petroleros: uno en Cadereyta, Nuevo León y el otro en Huimanguillo, Tabasco; así como el vertido de agua con cianuro en el municipio El Oro, Durango y el derrame de 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas en los ríos Sonora y Bacanuchi, provenientes de la mina Buenavista de Grupo México, que ha afectado al menos a 22 mil personas en siete municipios y considerado por la administración de Peña Nieto como “la peor catástrofe ambiental en la industria minera del país en los tiempos modernos".
Estos casos son solo la punta del iceberg de la opacidad en la que actúan las industrias en México, donde la laxitud de las leyes les permite contaminar a cambio de multas irrisorias por concepto de “reparación del daño”, sin que se tomen en cuenta las externalidades.
En los últimos doce meses se realizaron cambios al marco legal hacendario, de las telecomunicaciones, la política electoral y el sector energético, todos privilegiaron los intereses económicos empresariales y coartaron los derechos de millones de mexicano, todo bajo la promesa de un crecimiento económico que no ha llegado.
En mayo de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recortó el pronóstico de crecimiento económico del país de 3.9 a 2.7 por ciento para 2014 y se justificó diciendo que la gran mayoría de las economías tuvieron una menor dinámica de crecimiento, pero que las llamadas “reformas estructurales” serían la panacea para lograr un repunte en los próximos años.
Pero con la promulgación de las leyes secundarias de la reforma energética, Enrique Peña Nieto selló el retroceso ambiental en nuestro país, se nos condenó a seguir dependiendo de los hidrocarburos para la generación de electricidad y se tiró por la borda la oportunidad de transitar hacia fuentes renovables como el sol y el aire, pese al alto potencial que tenemos.
La dependencia del sector energético a los hidrocarburos vulnera a los sectores económico y social ya que cada día que continuamos quemando carbón, petróleo y gas, acentuamos el cambio climático, la sobre explotación de los recursos naturales y la contaminación, que repercuten en la salud de la población. Y lo peor está por venir, con el mal llamado Paquete Verde, un grupo de iniciativas y reformas a leyes ambientales que legalizarían la devastación de los recursos naturales.
También se legalizaron los abusos contra campesinos y comunidades con la creación de figuras legales como la “servidumbre legal, ocupación o afectación superficial de tierras”, eufemismos con los que las autoridades podrán despojar de tierras en los lugares donde haya hidrocarburos y al término de la "ocupación temporal", los dueños se quedarán con la responsabilidad de los contaminantes que se dejen en sus predios o también llamados “pasivos ambientales” y, por tanto, deberán compartir la responsabilidad en la remediación de la contaminación del suelo y agua.
Por si fuera poco, nuevamente se disfrazó a la energía nuclear como una fuente limpia cuando en realidad es la más sucia de todas, poniendo en riesgo la vida y salud de la población. Experiencias internacionales han demostrado que se trata de una tecnología sumamente peligrosa, por su capacidad para dañar la integridad de las personas por la radioactividad, además no existe forma segura de eliminar los desechos que genera y favorece la creación de armas de destrucción masiva.
¿Y el derecho humano de acceso al agua?
De acuerdo con cifras de 2011 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el 70% de los ríos nacionales presentan algún grado de contaminación, pero poco o nada se está haciendo para revertirlo y mucho menos para prevenir.
Hace un año, el gobierno federal señaló que durante este sexenio la Conagua pasaría de ser “un organismo reactivo a la contingencia a uno de prevención” pero de esto nada hemos visto. El reciente derrame de sustancias tóxicas a los ríos Sonora y Bacanuchi es solo la punta del iceberg de la contaminación tóxica de nuestros ríos, la mala gestión de las cuencas, la poca supervisión a las industrias por parte de la Conagua y la laxitud de leyes y sanciones.
Pese a la existencia de una Ley de la Responsabilidad Ambiental -que entró en vigor el 7 de julio del 2013 y que establece la reparación de daños en caso de delitos cometidos contra el ambiente- hace falta una revisión a la parte de las sanciones para inhibir a las empresas a contaminar.
En el caso de Sonora, la multa para Grupo México, cuyo dueño es el tercer hombre más rico del país, es irrisoria. La Conagua estableció el pago por 1.2 millones de pesos por las afectaciones a al menos 22 mil habitantes de siete municipios. Mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aplicaría una multa por 40 millones de pesos más la “reparación del daño” de la cual no se establece una cifra. La minera seguirá operando porque de acuerdo con las autoridades no existen pruebas para su clausura y representa una de las más importantes actividades económicas de la región.
Esta postura evidencia la línea gubernamental: supuesto crecimiento económico a cualquier costo ¿Quién pagará por los daños a mediano y largo plazo?
La reforma energética ha abierto otra amenaza en el tema del agua. La utilización del fracking (fractura hidráulica) para la extracción de gas shale, que consiste en perforar la roca de lutitas mediante la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a presión.
Esta actividad disminuye la disponibilidad del agua para los seres humanos y ecosistemas: se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo. Ello supondría la disminución de cantidad de agua para otros usos, lo que pondría en peligro el cumplimiento del derecho humano a este recurso.
Agricultura industrial absorbe a pequeños productores
Para este 2014, Enrique Peña Nieto destinó al campo más de 338 mil 600 millones de pesos, 32 mil 700 millones más que en el primer año de su gobierno, mediante todas las dependencias y del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.
Desafortunadamente estos recursos van destinados a dar continuidad a un modelo de agricultura industrial basado en monocultivos, uso de agroquímicos y el potencial uso de semillas transgénicas que degrada la capacidad de los ecosistemas de producir alimento sano y suficiente en México y está desplazando a los pequeños productores.
En los próximos meses se presentará la Reforma al Campo que por las declaraciones de los funcionarios de este sector se vislumbra como una apertura a las semillas transgénicas, beneficiando a las grandes empresas internacionales de la biotecnología, dejando en indefensión a campesinos que por años se han conservado las semillas nativas como el maíz, de la cual México es centro de origen. Peña Nieto no ha planteado una alternativa para el campo con apoyos que permitan el desarrollo de los pequeños y medianos productores, con prácticas amigables para el medio ambiente, en su lugar ha dado continuidad a un modelo agrícola basado en el elevado uso de insumos agrícolas (herbicidas, plaguicidas, fertilizantes) que impacta a los ecosistemas, la biodiversidad y las condiciones socio-económicas de los productores mexicanos.
Este gobierno ha ignorado las advertencias de los científicos, los agricultores y los ambientalistas sobre los riesgos de permitir el cultivo de organismos genéticamente modificados y se ha convertido en abogado de la industria de la biotecnología, en lugar de velar por la protección de nuestra diversidad de maíz, la salud del campo, el medio ambiente y el bienestar de los agricultores.
Pérdida de bosques y selvas
A México le gusta presumir a nivel global que es un país preocupado y ocupado en atender sus compromisos internacionales y frenar la pérdida de sus ecosistemas forestales. En su reciente informe de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el gobierno de Peña Nieto señaló que para detener la deforestación se ha seguido la estrategia de hacer más rentable la conservación o el uso de sustentable de los recursos en lugar de transformar estos ecosistemas para dedicarlos a otros usos y destaca programas como el Pago por Servicios Ambientales (PSA) y programas para el aprovechamiento sustentable.
Sin embargo, estas afirmaciones evidenciaron la incongruencia del Estado mexicano, pues recientes estimaciones del INEGI señalan que la superficie de bosques y selvas en México pasó de 35.3 a 33.8 por ciento entre 1993 y 2011, lo que significa la pérdida de 1.5% de estos ecosistemas y el propio Comité Especializado de Información de los ODM en México consideró que nuestro país está “estancado” en esta materia.
Las principales causas de esta situación son la deforestación, la conversión de bosques para destinarlos a la agricultura y ganadería, promovida por las propias políticas de gobierno que han sido inadecuadas e insuficientes.
La tasa de deforestación en nuestro país se mantiene en cerca de medio millón de hectáreas al año, de acuerdo con datos de la UNAM y el INEGI. Pero México reporta ante la FAO sólo una pérdida anual de 155 mil hectáreas.
La legislación secundaria de la reforma energética y el Paquete Verde, próximo a presentarse, representan una nueva amenaza para el sector forestal, pues abren la puerta al cambio de uso de suelo de bosques y selvas, una de las principales razones de la pérdida de estos ecosistemas, cuya tenencia de la tierra se encuentra, mayormente, en manos de comunidades indígenas y ejidos bajo la figura de propiedad social.
El 51.4% del territorio nacional es propiedad de comunidades indígenas y ejidos, en muchos de estos terrenos hay bosques y selvas que son la fuente de ingresos de miles de personas que gracias a su trabajo se han logrado conservar y están en riesgo de ser “ocupados temporalmente” para actividades relacionadas con el sector de hidrocarburos.
Este riesgo se repite en las 176 Áreas Naturales Protegidas (ANP) del país, que representan el 12.93% del territorio nacional, lo que equivale a 25 millones 394 mil 779 hectáreas de la superficie del país, de las cuales solo 77 cuentan con un plan de manejo, es decir el 65% de la superficie total de ANP.
Si bien las Áreas Naturales Protegidas quedaron excluidas para la realización de actividades extractivas de hidrocarburos, aún es posible que dentro de ellas se puedan construir ductos para la transportación de éstos e infraestructura para la red eléctrica.
México tiene una gran responsabilidad para la protección y manejo sostenible de sus ecosistemas y recursos naturales, por ser el 5° lugar de los 12 países megadiversos del planeta y hasta ahora la política de Peña Nieto ha estado basada en un modelo de extracción de recursos naturales, alejada de la conservación.
